Con la llegada de la segunda República se experimenta un despertar e influjo masónicos, reflejado especialmente en las cortes constituyentes de 1931, en las que encontramos un número importante de diputados masones, (en torno a los 150). El Gobierno Provisional de la República contaba con seis ministros masones, y llegaron más: Manuel Azaña (1931 a 1933: 1936); Alejandro Lerroux (1933-1934-35); Diego Martínez Barrio (1933-1936); Ricardo Samper Ibáñez (1934); Manuel Portela Valladares (1935-36); Santiago Casares Quiroga (1936); Augusto Barcía Trelles (1936); José Giralt Pereira (1936).
A partir de 1933 la situación se complicó para la masonería por la acción conjunta de una serie de actitudes y manifestaciones contrarias, procedente de campos tan dispares como la CEDA, la Falange y la Iglesia, el Partido Socialista, los sindicalistas y el Partido Comunista.
Se ha sostenido por numerosos autores, que el paso del sistema monárquico al republicano y el proceso constituyente del mismo son coincidentes con el denominado periodo de oro de la masonería española, afirmación que se sostiene en la influencia que la institución masónica tuvo a través de sus miembros más destacados en la configuración del nuevo régimen.
El número de masones presentes en las Cortes republicanas, especialmente en el periodo constituyente es muy elevado, representando aproximadamente un 38 por ciento del total de los parlamentarios. A ello debemos añadir un gran número de ministros, antes mencionados, y altos funcionarios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muchos de estos miembros de la Orden eran de muy reciente afiliación, siendo su actividad masónica muy reducida.
Durante el periodo de la Dictadura del General Primo de Rivera, en virtud de la represión sostenida por el régimen sobre los partidos políticos democráticos, muchos de sus miembros se cobijaron en las logias masónicas, donde encontraron un espacio de tolerancia para sus reuniones, aunque en este caso no tuvieran el carácter de partidarias, y la masonería tampoco tuviera una vida fácil durante el Directorio militar, ya que a pesar de ser su actividad consentida por los poderes públicos, muchos de sus miembros acabaron en prisión, fundamentalmente por sus posiciones políticas.
Los masones que mantienen una actividad destacada en la vida política republicana, están adscritos a diferentes obediencias, como el Gran Oriente de España (mayoritaria), la Gran Logia Española, Gran Logia Unida, el Gran Consejo Federal Simbólico, así como otras de menor relevancia y número de miembros, que en algunos casos mantienen entre sí un cierto grado de conflictividad, que de alguna forma podía impedir la asunción de posturas comunes.
Los masones presentes en las Cortes constituyentes tampoco pertenecían al mismo partido político, sino que formaban parte de casi todo el espectro parlamentario, con la excepción completa del grupo vasco-navarro y de la mayor parte de los restantes partidos de la derecha, (y no en términos absolutos), de tal forma, que su presencia se ubicaba fundamentalmente en el centro republicano y los partidos de la izquierda, cuya variedad ideológica era muy amplia, como se revelaría en todo el proceso constituyente.
A lo anteriormente indicado debe añadirse que uno de los principios de la Masonería universal es el de que la institución, como tal no puede inmiscuirse en cuestiones políticas o religiosas y que su actuación debe ser respetuosa con la legislación del Estado donde desarrolle sus actividades, lo que no obsta, para que los masones como individuos puedan sostener las opiniones y desarrollar las actividades políticas como ciudadanos que consideren pertinentes.
Por otra parte, si medimos la importancia de la masonería española por el número de miembros de la organización y las logias u organizaciones masónicas existentes durante el periodo republicano, y especialmente en el proceso constituyente, éste es de carácter reducido, mostrando un carácter ascendente desde 1931 –proclamación de la República– hasta 1933 –triunfo electoral de la derecha–, que marca el inicio de un proceso descendente.
La influencia de la masonería en la Segunda República española se deriva en primer lugar, de los valores y principios masónicos que en cierta medida se trasladaron a los primeros textos constitucionales correspondientes al Primer Estado de Derecho, tales como la libertad de conciencia, religiosa, separación de las iglesias y el Estado etc, principios los últimos que no habían podido manifestarse de forma diáfana a lo largo del constitucionalismo español del siglo XIX, pero que deberá afrontar el régimen republicano, al mismo tiempo que proclama el Estado Social y Democrático de Derecho. La tardía inclusión de estos derechos y libertades en nuestro constitucionalismo y la necesidad de que su vigencia fuera lo más rápida posible, hizo parecer su proclamación estar rodeada de un cierto anticlericalismo, lo que posibilitó un duro enfrentamiento entre la República y la jerarquía católica española, en virtud de que la legislación republicana, tanto en el texto constitucional como en las leyes de desarrollo significaban una clara merma del poder de la Iglesia Católica, en cuanto ésta, hasta ese momento gozaba de atribuciones en el Estado más propias del Antiguo Régimen que de un Estado de Derecho en el siglo XX.
La presencia de numerosos miembros de la masonería en puestos de responsabilidad política, tanto en la esfera gubernamental como en la legislativa, a pesar del reducido número de miembros de la Orden en España, hace que se convierta en el centro del ataque de la jerarquía católica española como responsable de las denominadas normas anticlericales.
La guerra civil, definida por la Iglesia española como Cruzada, acentuará más este enfrentamiento, que será utilizado por el régimen militar para desde su concepción del Estado como de nacional-catolicismo, llevar a cabo una represión sin precedentes históricos contra la Masonería, que algunos han definido como de genocidio, ya que los masones fueron para el franquismo lo mismo que los judíos para el nacional-socialismo.
Cayetano Núñez Rivero. Revists de Estudio Deusto.